JUAN ANTONIO
BLAY
El
periodista Luis Santos relata con múltiples documentos las presiones de los
Gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo sobre los diarios y cómo algunos editores se
prestaban a ello
Un libro pone al
descubierto las vergüenzas de la prensa en los años de la Transición
El
periodista Luis Santos relata con múltiples documentos las presiones de los
Gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo sobre los diarios y cómo algunos editores se
prestaban a ello.
El periodista y escritor Luis Santos. J.A.B
JUAN ANTONIO BLAY
MADRID.-
A medida que pasa el tiempo se observa que la sacrosanta Transición española
tuvo bastantes más agujeros negros que las comprensibles carencias del paso de
una dictadura a un sistema democrático. En aquellos años el periodismo, sobre
todo la prensa escrita, desempeñó un papel decisivo a la
hora de trasladarlas ansias de libertad de la sociedad española hasta
el punto de recibir el apelativo de “parlamento de papel” por los debates que
generaba.
Pero aquel camino épico tuvo su cara oculta. Así queda reflejado en el libro La
prensa que se vendió (Ediciones Carena, Barcelona)
escrito por el periodista Luis Santos (Madrid, 1953), en el que se hace un
minucioso repaso a las relaciones entre el Gobierno y la prensa entre los años
1978 y 1982. El relato no es nada edificante y pone de relieve que los diarios
y sus editores se prestaron “a un constante mercadeo” con el Gobierno de turno,
explica Luis Santos.
El
relato de esa “cara oculta” de la relación entre la prensa y el poder político
no se basa en testimonios de fuentes anónimas o en relatos más o menos
interesados. Luis Santosdesgrana de forma meticulosa
decenas y decenas de documentos del llamado archivo Aguirre, en referencia a
Ignacio Aguirre, secretario de Estado para la Información en el Gobierno
presidido por Leopoldo Calvo Sotelo desde finales de febrero de 1981 hasta el 2
de diciembre de 1982.
Portada
del libro del periodista y escritor Luis Santos, 'La prensa que se vendió'.
J.A.B
El archivo de Aguirre contiene todo tipo de documentos
generados durante su gestión así como en la de sus tres predecesores: Manuel
Ortiz, Josep Meliá y Rosa Posada. Desde notas de estos cargos a los presidentes
Suárez y Calvo Sotelo hasta cartas y manuscritos de editores y directivos de
diarios, algunos de ellos todavía en ejercicio.
“La verdad es que es un archivo que contiene todo tipo de maldades, pero sobre
todo se pone de manifiesto la obsesión del poder por controlar a la prensa en
aquella época y cómo se prestaban a ello no pocos editores y periodistas…; a
cambio de dinero para sus respectivos diarios, claro”, dice Santos. “En Moncloa
había una obsesión enfermiza por lo que se escribía en los diarios y en hacer
un seguimiento exhaustivo de todo”, añade.
Entre los documentos hay todo tipo de proposiciones de los secretarios de
Estado, sobre todo Ortiz y Aguirre, sobre lo que hay que hacer con la prensa
“para controlarla”. Así, aparecen “listas negras” de periodistas, según variaos
notas del archivo, en la que se define que la redacción del desaparecido diario Pueblo estaba
formada “en un 80% por rojos y socialistas”, o quienes eran “izquierdistas” en
el también desaparecido Informaciones.
"El
libro pone de manifiesto la obsesión del poder por controlar a la prensa en
aquella época y cómo se prestaban a ello no pocos editores y periodistas"
En
otros documentos – varios de ellos quedan reflejados en el libro – queda
patente la recomendación de que la indemnización por el cierre del diario Madrid y
el derribo de su sede, en 1972, fuese una cantidad lo suficientemente baja para
impedir su salida de nuevo a los kioscos. No tiene desperdicio la carta que le
dirige Calvo Serer, presidente de la sociedad editora del diario Madrid al
presidente Calvo Sotelo y la contestación de éste.
El poder financiero no es ajeno a esta relación entre el poder y la prensa. La
Banca March se ofrece, tras la salida de otras entidades del capital de
Informaciones, para hacerse cargo del rotativo – un vespertino de gran
influencia – y ponerlo “al servicio del Gobierno”, según otro de los
documentos.
También se relata en otra serie de documentos del archivo
Aguirre las recomendaciones de cómo
favorecer al diario ABC frente
al “progresista” El País.
De otra parte, también se relata de qué forma se abandonan a su suerte o se
cierran periódicos de la entonces cadena pública para evitar que cayesen en
manos de redacciones “izquierdistas”.
“De todas formas, uno de los episodios más reveladores de aquella época es
constatar cómo la empresa editora de ABC jugó
con sus dos cabeceras, la de Madrid y la de Sevilla. La edición andaluza,
dirigida por Nicolás Jesús Salas, apostó claramente por los golpistas el 23-F.
como queda reflejado en documentos del archivo, hasta el punto que el director
se presentó en el Gobierno Militar de la ciudad para ponerse a las órdenes de
sus responsables”, cometa de forma irónica Luis Santos.
El tarjetón de Luca de Tena
El
editor de ABC,
Luca de Tena, envía una tarjeta de visita al secretario de Estado para la
Información, Josep Meliá, en la que le indica que ha censurado la publicación
“en ABC”
de una determinada información, que adjunta para que se vea la trascendencia
del hecho. La información no es otra que una crónica de su corresponsal en
Nueva York, José María Carrascal, en la que se hace eco de tres informaciones
aparecidas en The New York Timescríticas
con el presidente Adolfo Suárez.
Claro que en aquella época la editora de ABC tenía
una deuda de 850 millones de pesetas (cinco millones de euros) que, en otros documentos
de la secretaría de Estado para la Información se recomienda al Gobierno que se
facilite su eliminación. En otros documentos, manuscritos, el conde de Godó,
editor de La Vanguardia,
también declara abiertamente ponerse al “servicio” del Gobierno.
“El trasfondo es, ni más ni menos, que obtener recursos públicos, en
subvenciones y publicidad institucional”.
El País,
según otro documento, tampoco escapa a esta dinámica. En un tarjetón manuscrito
Martín Prieto, entonces subdirector, le dice a Josep Meliá que “después de la
entrevista de ayer, a la que no pude asistir [en alusión a un encuentro entre
Meliá y el director Juan Luis Cebrián] nuestros editoriales serán mejores”.
Carta
del entonces jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, interesándose por
“qué se puede hacer" para evitar las informaciones publicadas por Egin.
J.A.B.
Otro
capítulo llamativo, según los documentos, es la relación del poder con el
diario Egin (cerrado
años después por el juez Garzón por su relación con ETA). Una carta,
reproducido en el libro, del entonces jefe de la Casa del Rey, el general
Sabino Fernández Campo, al secretario de Estado Manuel Ortiz, plantea, en
nombre del rey, “qué se puede hacer – a lo mejor ya se están haciendo -” para
evitarlas informaciones publicadas por el rotativo que Zarzuela consideraba
injuriosas. Fernández Campo reclama datos para trasladárselos al rey, que está
pendiente de ello.
Una de las estrategias, según una carta de Marcelino Oreja, entonces
delegado general del Gobierno en el País Vasco, dirigida a Aguirre sugiere una
presión económica dado que este diario no pagaba los servicios de la agencia
EFE o el teléfono, además de los impuestos de rigor. El caso es que no se hizo
nada de eso. Incluso en época de Rosa Posada se le restituyeron a Egin unas
subvenciones de ayuda a la prensa tras una polémica sobre la titularidad del
nombre de la cabecera. “Había mucho miedo a ETA”, sentencia Santos.
“La gran pregunta que debemos hacernos –explica el autor del libro– es si aquel
mercadeo ha seguido hasta hoy en día y si se mantiene. La debilidad de las
empresas editoras de los diarios, a las que hay que añadir en estos momentos a
las radios y televisiones que entonces no contaban informativamente, hace
necesario contestar a esa pregunta y abrir un debate. Para la salud democrática
de la sociedad española. A pesar de todo el mérito que tuvo el periodismo en
aquellos años, la realidad es que hubo un mercadeo nada edificante, incluso
vergonzoso. Hay que saber si ahora pasa lo mismo”, remarca Luis Santos.