La entrevista íntegra en “inFolibre” el 19 de marzo de 2015
Un libro revela la
implicación del ‘Abc’ de Sevilla en el golpe del 23-F
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El periodista Luis Santos Serra publica un
libro en el que se detallan las relaciones entre la prensa y el poder político
entre 1977 y 1982
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El texto revela, entre otros asuntos, la
complicidad del Abc de Sevilla con el golpe de Estado del 23-F
y la persecución de periodistas de izquierdas
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"Estamos en un periodo de
recopilación histórica, de cambio de ciclo, y al periodismo le tiene que llegar
también su hora", explica
"Estamos en un periodo de
recopilación histórica, de cambio de ciclo, de revisión de la Constitución, y al periodismo le tiene que llegar
también su hora". Este es el motivo por el que
periodista Luis Santos
Serra ha decidido escribir un libro en el
que se relatan las tramas que relacionan a los periódicos con el poder político
y económica a lo largo de las últimas décadas. Aunque aún no se sabe cuál será
la fecha de publicación, Santos revela las enormes dificultades y presiones a las que ha tenido que hacer frente para conseguir que le
publiquen La prensa que
vendió. Por eso prefiere, por ahora, no dar el
nombre de la editorial que lo va a sacar a la luz.
La prensa que se vendió está basada, principalmente, en lo que él llama el archivo Aguirre, un conjunto de documentos donde se muestran las comunicaciones que Ignacio Aguirre –secretario de Estado para la Información entre 1981 y 1982 y tío de
la presidenta del PP madrileño y candidata a la Alcaldía de la capital– mantuvo
durante su mandato con directivos de medios de comunicación, empresarios y el
propio Gobierno. Aunque se centra en él, también habla de los secretarios de Estadoque ocuparon el cargo entre 1977 y 1982. A esta información de primera mano
se le añaden testimonios de los protagonistas de la época, recogidos a través
de entrevistas con el autor. Esperanza Aguirre, que en principio accedió a colaborar, finalmente optó por declinar su
participación en el proyecto.
"No es el típico archivo de material administrativo, yo digo que es unarchivo de maldades, porque
refleja todo el tráfico que hay con los medios de comunicación, con los
directores de los periódicos", cuenta Luis Santos a infoLibre, que subraya
que se trata de una etapa clave, ya que es "un periodo en el que se están
conformando, no solo la democracia, sino los medios de comunicación que a su
vez contribuían a generar la opinión pública". Además, apunta, "es un
archivo inusual, porque son cartas coloquiales, muy directas". "Es un
tipo de archivo quese tendría
que haber quemado", bromea.
"El Gobierno tenía una llave
enorme"
El autor distingue el contenido del archivo Aguirre en dos grupos. Por un lado,
las cartas de
directores de periódicos a esta Secretaría de Estado (y viceversa). Y, por otro, las notas que dirige Aguirre al
presidente del Gobierno, donde le resume todo". En estas comunicaciones, señala,
"participan los primeros espadas", como los editores Luca de Tena (Abc)
o el conde de Godó (La Vanguardia).
Preguntado por el amplio periodo de tiempo que ha esperado desde que pasó todo
aquello hasta que sale a la luz, el autor de La prensa que se vendió admite que tiene esta documentación desde hace 30 años, pero que,
entre otros motivos, el terrorismo de ETA –en el libro se relatan operaciones dirigidas a lograr el cierre
de Egin, el diario de la izquierda abertzale– hizo que prefiriera esperar para sacarlo a la luz: "Me daba miedo
provocar un atentado".
El periodo tratado se enmarca en una coyuntura en la que "se está
reconvirtiendo toda la prensa, que tenía una maquinaria muy obsoleta".
"Necesitaban grandes inversiones y el Gobierno tenía una llave enorme para manejar eso", explica Santos, que apunta que "describe lo que era la
época, cómo acomodan los medios, sobre todo Abc, su línea
editorial al poder porque se lo dicen por carta". Así, destaca que
"hay mucho tarjetón, donde meten la carta de trámite y en el tarjetón la
barbaridad".
"En ese acomodo hay momentos que a mí me sacan los colores como
periodista. Desde Abc le mandan al secretario de Estado un texto diciendo: 'Mira, la crónica que retiro'. Eso es muy fuerte. Le manda la crónica, firmada por el autor [José María
Carrascal], al Gobierno", lamenta el autor, que subraya que es "una prostitución total". "No es por manía, pero Abc incurre en todos los capítulos
como para sacarles de la profesión: golpe de Estado [23-F], falta a la ética
periodística, envío de crónicas desde la edición de Sevilla a Luca de Tena y,
de ahí, al Gobierno en un informe diciendo 'No sólo lo que hacemos, sino lo que
dejamos de hacer, lo que dejamos que muera en nuestra mesa'. Es un
procedimiento bochornoso", critica Santos, que establece una relación
entre cómo se doma la línea y, a la vez, cómo se comienzan a solventar
los problemas
económicos que tenía el diario,
especialmente con la banca.
La reacción de Abc de
Sevilla el 23-F
"De la trama civil del 23-F no se investigó nada, excepto a [Juan] García
Carrés [dirigente del Sindicato Vertical]", recuerda Santos, que subraya
que "en
la prensa, hubo de todo". "En
concreto, en el caso de Abc, el ministro de Hacienda les tilda de 'fascistas' y asegura que se han puesto a las órdenes del Gobierno militar, en
vez del gobernador civil, en la noche del golpe", cuenta el autor de este
libro, que añade que se llegó a hacer un informe por parte de la Secretaría de
Estado para la Información en el que se detallan "todos los movimientos
que ha habido del Abc de Sevilla, llamando
previamente al golpe y, posteriormente, llamando a la desmovilización de las manifestaciones democráticas de condena".
Así, apunta que los datos que puede aportar, "que hasta ahora no habían
salido, son los del Abc de Sevilla; del resto, como los de El Alcázar [diario próximo a los golpistas] se habló,
pero no se probó nada. No había documentos que vinculasen [la trama militar a los diarios] directamente, como ocurre con Abc".
Otro de los aspectos más reveladores de estos documentos es que el
director del Abc de Sevilla, Nicolás Salas, "acuarteló a la redacción diciendo 'Aquí no sale nadie'" y, después, se fue a ponerse a las órdenes del gobernador militar".
Además, editoriales del mismo diario hablaban de "la mala hierba
que hay que cortar" o "llamaban a la represión", textos que
también son incluidos en estos informes de la Secretaría de Estado.
En estos documentos se hace constancia del sesgo diferente de las ediciones de
Madrid y Sevilla del diario Abc, informando a Aguirre que el de la capital de España "no hace nada,
se queda callado", enfatiza Santos. Estos documentos señalan que, en 1982,
Aguirre señala en un informe que "hay que apoyar a Abc en detrimento de la prensa
progresista". "Ellos mismos tenían constancia
del apoyo al golpe desdeAbc de Sevilla y, a su vez, le daban una opción preferencial antes
de que ganara la izquierda", critica Santos.
"Esto ya habría prescrito, pero estos documentos, que inculpan
directamente, tendrían que
ser explicados por el Abc de Sevilla y
elAbc globalmente. Ese director, Nicolás Salas, que sigue dando
conferencias, no fue destituido", lamenta.
El autor reflexiona además sobre el papel que ciertos periódicos tienen a día
de hoy: "Hay medios que tienen a todos sus redactores jefe o directores
paseando por las tertulias y marcando la línea moral democrática. En otro
orden, podría estar de acuerdo o no, pero que marquen ellos los límites del
buen hacer democrático, cuando tienen, siendo leves con ellos, malas
prácticas". "Esta gente es la que dice ahora lo que es bueno para la
democracia, los que han hecho todo este tipo de cosas: trato de favor, tráfico
de influencias, comportamientos poco éticos, apoyo al golpe de Estado...
Además, están orgullosos de todo ese pasado: los que no lucharon, son los defensores de aquello", lamenta.
Sobre la falta de exigencia de responsabilidades, Santos cree que "ahí se
puso un listón e, igual que no se juzgó a muchos guardias y oficiales, no se quiso ir más allá, no se quiso
investigar. Se intentó hacer parecer que no
había pasado nada". "La respuesta del Gobierno fue nula, cuando
tenían que haber exigido responsabilidades a Luca de Tena. Pero tenían miedo a
la llegada de los socialistas, que luego sabemos todo lo que llegó, pero era
como ahora Podemos o Ciudadanos, parecía muy inminente", explica.
Persecución de periodistas de
izquierdas
El periodista apunta que "se produjo una involución democrática dentro del propio régimen: hay una persecución de periodistas de izquierda en los periódicos y,
además, protección de los que habían sido golpistas". Así, señala algunos
ejemplos: Aguirre dice en un documento que el 80% de los redactores
de Pueblo son "socialistas y comunistas"; "se impide que
reaparezca Diario Madrid por una indemnización insuficiente" o que "el Gobierno coge
al Abc y lo toman como suyo".
"Sobre todo, había persecución de periodistas", apunta, señalando quellegó a haber "listas
negras" en Informaciones, ya que muchos periodistas
pasaron de este periódico al recién nacido El País, como Juan Luis Cebrián. "No dicen que este no me va a tratar bien la
información, como se podría decir ahora, es que etiquetaban: 'Este es del PCE,
sector eurocomunista...'. Es una terminología del régimen franquista:
anticomunista, antisocialista, antidemocrática", explica Santos, que
detalla que "más que impedir que apareciesen nuevos medios, que también,
trataron de 'limpiar' las redacciones y hacer que se hundieran medios con
trasfondo progresista".
Otro de los aspectos que explican esta relación entre Gobierno y prensa es el
de las grandes inversiones que se necesitaban para sacar un periódico adelante.
"Se intentaba aupar al diario del Abc. De hecho, hay un documento que dice cómo hay que
apoyar a Abc en 1982. Es la forma
de impedir que gane el PSOE", cuenta Santos, detallando que en los
documentos "se dice que hay que sanearlo económicamente. No tengo los
documentos en los que se dice que se sanea, pero sí todas las peticiones
económicas, diciendo lo que hay que hacer con los bancos. De repente,
aparece [Luis María] Anson en 1982 liderando el Abc'supersaneado'".
También es llamativo el episodio en el que el secretario de Estado pide 25
millones de pesetas al Gobierno para una subvención a Godó. Santos cuenta que
estas cartas son especialmente "crudas" y en ellas se relata
"cómo dar esta ayuda, la necesidad de redactar una norma pero sin que se
enteren el resto de periódicos". Asimismo, explica que Aurelio
Delgado, jefe de gabinete de Adolfo Suárez, se justificó cuando le preguntó
diciendo: "Es que
había que montar el país, había que hacer así las cosas". "Los medios fueron una parte más, pero son más importantes porque
generan opinión", añade Santos.
Pese a una larga labor de investigación, Luis Santos asegura que, aunque da
algunas cifras, no ha
podido cuantificar el total de ayudas y subvenciones que se dieron a la prensa en estos años.
Operaciones para intentar cerrar
'Egin'
Según los documentos del archivo Aguirre, Marcelino Oreja, delegado de Gobierno en Euskadi (1979-1982), escribió
una carta a Aguirre diciendo que se había reunido con los directores de todos
los periódicos para analizar el caso del periódico Egin. El
resultado de la reunión, comenta Santos, es “un acuerdo por el que deciden
que no conviene
cerrarlo políticamente, sino asfixiarlo económicamente”.
“Egin no pagaba nada, pero nada. Ni a la agencia Efe, ni los créditos de los
bancos Bilbao y Vizcaya [que después formarían el BBV]… y el Gobierno empezó a
reclamar deudas: bancos, trabajadores, Seguridad Social, Efe, papel….”,
recuerda Santos, que señala que, aunque la ley permitía cerrar el diario vasco,
el Gobierno temía que “los abertzales se movilizaran y que, por tanto, el resto
de los periódicos tuvieran que salir en apoyo a Egin”. Finalmente, Aguirre decidió no hacer nada.
En otra carta, Sabino
Fernández Campo, secretario general y luego jefe de la
Casa del Rey, escribe a Aguirre –de parte del jefe del Estado– preguntando
que “si no se puede hacer más con Egin e, incluso, le dice que cómo puede
llevar publicidad del Estado”, apunta el periodista. En esta ocasión, las
peticiones tuvieron el mismo resultado.
Finalmente, Egin no fue cerrado hasta 1998, y ocurrió por orden del entonces juez Baltasar
Garzón, que lo acusó de delito de colaboración con ETA, un delito que sería
rebajado más tarde por la Audiencia Nacional. Posteriormente, el Tribunal
Supremo dejó sin efecto estas imputaciones, pero el diario nunca volvió a a las
rotativas.
"Aunque haya pasado mucho tiempo, la memoria histórica es importante y
esto tiene que quedar claro, pero no está en la agenda", señala Santos,
que subraya que "ese fue el
sistema que diseñaron, y no democráticamente, pese a que
den lecciones". "Nos merecemos una explicación democrática de qué
pasó en todos los aspectos. No es algo que de comer, pero tenemos que saberlo
por calidad democrática", enfatiza el periodista.