Ni legislación española ni normativa europea que valgan cohíben a las administraciones públicas o, mejor dicho, a algunos de sus responsables para saltarse la Ley de la Competencia y no actuar conforme a derecho en sus contrataciones. De igual forma, algunas grandes empresas, que se publicitan como adalides de la ética en sus idearios de política empresarial, se aprovechan de su situación líder en este o aquel sector y se benefician de contratos millonarios en detrimento de las pequeñas y medianas empresas que nunca pueden llegar a sentarse, de tú a tú, con un director general de empresa pública, secretario de estado o, incluso, con algún ministro.
Estamos en crisis, eso es algo obvio; tenemos un paro escandaloso, eso es un hecho de todos conocido; las pequeñas y medianas empresas generan en torno al 85% del empleo en nuestro país. Con estas premisas, si la administración continúa beneficiando a las grandes empresas en detrimento de las pymes ¿Cómo piensan que vamos a mejorar la situación y a generar empleo?.
Pero eso, a quienes sacan tajada de hechos a los que vamos a ir dedicando nuestra atención en este blog, no les importa porque no actúan mirando el bien colectivo sino en el suyo propio. Y tan culpables son unos como otros: los funcionarios corruptos, por supuesto, pero también las empresas que, sabiendo lo que se traen entre manos se benefician de contrataciones irregulares a cambio de un cohecho de quítame allá esas pajas.
